El próximo 20 de agosto, Ecuador votará en una consulta histórica para suspender la extracción de crudo y mantener bajo tierra las reservas petroleras remanentes del Bloque 43 o campo ITT, en el Parque Nacional Yasuní. Esta consulta representa un hecho histórico. Su transcendencia, en el contexto de crisis ambiental que vivimos, va mucho más allá de las fronteras del Ecuador. Quienes firmamos este mensaje somos economistas, y desde un ejercicio responsable de nuestra profesión, argumentamos que la solución más beneficiosa para el Ecuador es dejar este petróleo bajo la tierra – es decir, votando SI por el Yasuní.
El Ecuador se convirtió en un exportador de petróleo en 1972, y por más de 50 años, este producto ha articulado su economía. Cinco décadas son suficientes para constatar que el Ecuador no se ha desarrollado exportando petróleo. Persisten problemas históricos como la masiva pobreza, el subempleo estructural y la inequidad social. Además, la región petrolera de la Amazonía ecuatoriana, destrozada por la actividad petrolera, es la más pobre de todo el país. Continuar por esta senda no tiene sentido.
Quienes defienden la explotación petrolera en el ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) argumentan que el Estado dejará de percibir 1.200 millones de dólares anuales si se cierra este campo, arriesgando la economía nacional. Esta cifra es una enorme exageración.
Partamos reconociendo que el volumen de extracción de petróleo en el ITT está cayendo rápidamente. Según la empresa estatal Petroecuador, en la actualidad se estima una tasa de extracción diaria de 55.000 barriles y en 2024 ya solo alcanzaría 47.000 barriles diarios. Desde el inicio de la extracción petrolera en el ITT, el precio promedio ha sido de 51 dólares por barril. Con estos supuestos, tomados todos de fuentes oficiales, y estimando los costos de extracción en 35 USD por barril para este campo, se obtiene un ingreso fiscal de apenas 275 millones para 2024. En 2025, el valor incluso caerá a 216 millones, porque la extracción ya solo sería de 37.000 barriles diarios, para seguir declinando rápidamente en los años siguientes, hasta llegar a 2.000 barriles diarios en 2040. Ese valor de 275 millones es menor al 1% del presupuesto del Estado ecuatoriano del presente año. Pero, además, habría que restar a estos magros ingresos los enormes pasivos socioambientales.
Podemos concluir, entonces, que los ingresos reales a esperar son menos de la cuarta parte de las cifras presentadas por los defensores de la extracción petrolera. Para hacerse una idea, esto equivale, por ejemplo, a lo que gasta el gobierno central en salarios en 9 días. Una pérdida de esta índole puede compensarse, aún en el corto plazo, bastante fácilmente.
Bastaría con combatir, por ejemplo, la evasión tributaria, que llega a los 7.000 millones de dólares al año, según la CEPAL. También urge cobrar las deudas en firme de los 500 mayores deudores con el Sistema de Rentas Internas (SRI), que alcanzan los 1.984 millones de dólares, al 6 de junio del 2023. Es decir que habría suficientes recursos, no solo para cubrir la pequeña diferencia que provocaría la no extracción de crudo del ITT. Otra referencia interesante aparece cuando se comparan las exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios que se otorgan anualmente: en el año 2021, última cifra disponible, las exoneraciones fueron de 6.338,6 millones de dólares -más del doble de los ingresos petroleros de ese año-, que, con seguridad, beneficiaron también a los grandes grupos económicos; si nos concentramos únicamente en las personas naturales, constatamos que el monto de dichas exoneraciones fue de 714 millones de dólares, de los que el 10% más rico de la población obtuvo una tajada de 598 millones y el 1% más rico de 148 millones de dólares.
Serán necesarias otras acciones en clave de transición ecosocial e intercultural integral. Por ejemplo, una de las medidas para reactivar la economía y dar paso a la reducción de emisiones en el contexto del cambio climático es la electrificación del transporte público, que en 5 años generaría más ingresos que los costos de cerrar el ITT.
Otras acciones, para citar apenas un par de una larga lista, tendrán que priorizar actividades como las del ecoturismo comunitario y de la agroecología, basadas en la mayor riqueza que tiene Ecuador: su diversidad ecológica y cultural.
Un punto clave radica en el enorme potencial de biodiversidad del Yasuní, que podría ofrecer enormes ingresos a partir de los potenciales descubrimientos científicos -sobre todo en el campo de la medicina-, impulsando -a través de un genuino diálogo de saberes- una adecuada y respetuosa prospección científica, impidiendo, simultáneamente, que esos conocimientos sean aprovechados por las grandes farmacéuticas transnacionales.
Concluimos que la explotación petrolera en el Yasuní no es rentable para el Estado ecuatoriano en términos estrictos de costo-beneficio, menos aún si se incorporan los impactos socioambientales de la extracción. No traerá empleo ni inversión social para la sociedad, puesto que, además, por ley los ingresos que genera el petróleo van al agobiante servicio de la deuda externa. Estudios más abarcativos, a partir del análisis multicriterio, también apoyan mantener el crudo inexplotado.
Desde un punto de vista económico serio y sustentado en cifras oficiales, el Ecuador no se hundirá ni se irá a la quiebra si se deja el petróleo del Yasuní bajo la tierra. Todo lo contrario, Ecuador se convertiría en un líder en la lucha mundial contra el cambio climático, lo que le traería inclusive una serie de beneficios adicionales. Subrayamos la necesidad de trabajar en alternativas económicas globales basadas en el reconocimiento de las responsabilidades comunes pero diferenciadas por el cambio climático y de la deuda ecológica, de la que los países del Sur son los acreedores.
¡Economistas del mundo decimos SI al Yasuní!
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