DECLARACIÓN DEL PACTO ECOSOCIAL E INTERCULTURAL DEL SUR
El día 17 de mayo de 2023, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Renovables (IBAMA), órgano del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático encargado, entre otras cosas, de los estudios de impacto ambiental y de las concesiones de licencias ambientales, negó a Petrobras una autorización para prospección de petróleo en la cuenca de Foz del Amazonas, en el estado de Amapá.
En un detallado informe, el IBAMA rescata el histórico del proceso, iniciado en 2014 con la petrolera británica BP, y presenta un conjunto de ‘inconsistencias técnicas’, a la vez que señala los previsibles impactos en ecosistemas únicos y en comunidades locales, incluyendo tres territorios indígenas de la región de Oiapoque. Como afirmó el presidente del Ibama, Rodrigo Agostinho: “la cuenca de la Foz del Amazonas es una región de extrema sensibilidad socioambiental, con unidades de conservación, territorios indígenas, manglares, formaciones biogénicas de organismos como corales y esponjas, además de gran biodiversidad marina, con especies amenazadas de extinción”.
Las repercusiones no tardaron en llegar y están generando una fuerte crisis interna en el gobierno Lula. Petrobras dice que recurrirá la decisión y que, si no se le permite actuar en dicha región, considera incluso desplazar la exploración de petróleo a las áreas vecinas pertenecientes a Guyana y Surinam. El Ministerio de Minas y Energía y las fuerzas desarrollistas del progresismo fósil en el ejecutivo y en la sociedad también han alzado el grito contra la decisión con argumentos nacionalistas como: ‘es una decisión contra los intereses del país’, ‘o lo explotamos nosotros, o lo harán otros’. Representantes del gobierno de Amapá argumentan que aquellos que critican el proyecto de explotación en la región actúan en contra de mejorías de vida para la población pobre local, aunque históricamente los megaproyectos extractivistas y de energía en Brasil han significado inseguridad alimentaria, criminalidad y crisis sanitaria en lugar de la prometida socialización de ganancias. A su vez, las derechas están aprovechando el escenario para criticar el gobierno de Lula y desestabilizarlo desde el poder legislativo, con ataques directos al Ministerio de Medio Ambiente, dando paso, también, a una estrategia de vaciado de competencias y capacidades del nuevo Ministerio de los Pueblos Indígenas.
Ante esta prueba de fuego, Lula, quien ha tenido como parte importante de su campaña la agenda medioambiental y climática, respaldó al principio la decisión del IBAMA y de la ministra de medio ambiente, Marina Silva. Pero en entrevista durante el encuentro del G7 en Japón, el presidente dijo dudar de los impactos negativos para la Amazonia, ya que la explotación de petróleo propuesta sería “en mar profundo”. Sin embargo, los retos medioambientales de Brasil no están limitados a la selva amazónica y a la deforestación. Lula fue elegido con una plataforma de liderazgo climático y transición ecológica. Renunciar a eso ahora en nombre de la gobernabilidad es un grave error. Aceptar la presión del viejo nacionalismo desarrollista de izquierda, sumada a los intereses del capital fósil y a los cantos de sirena del capitalismo verde, puede provocar un retroceso histórico.
¡No más petróleo!
Desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur celebramos la decisión del IBAMA que, inspirada en estrictos parámetros técnicos, revela también un importante mensaje político: la explotación de petróleo en la Amazonia es incompatible con su protección.
Saludamos también los esfuerzos de las/os activistas y movimientos ecologistas y territoriales en Brasil en su lucha por frenar este y otros proyectos de destrucción de los ecosistemas, los territorios y la vida.
Los pueblos de nuestra América Latina debemos unirnos en la lucha por dejar el petróleo en el subsuelo. Son muchas ya las luchas que en las últimas dos décadas han frenado la expansión petrolera en sus territorios o tratan de hacerlo. Como nos ha enseñado Oilwatch, dejar de extraer petróleo, gas o carbón es una forma de afrontar la crisis climática; seguir haciéndolo, por lo contrario, significa profundizar el desastre. Inclusive la Agencia Internacional de la Energía, que de ecologista tiene poco, en tanto allí se encuentran representados los grandes importadores de petróleo en el mundo, recomienda dejar en el subsuelo las dos terceras partes de todas las reservas de combustibles fósiles para prevenir el incremento de la temperatura del planeta en 1,5º, lo que terminaría por provocar un catástrofe mayúscula. Por eso, toca también en estos momentos apoyar el pueblo ecuatoriano en el #SíAlYasuní ante la inminente Consulta Popular que puede decidir que se mantenga de forma indefinida en el subsuelo el crudo existente en pedazo de maravillosa biodiversidad y casa de pueblos en aislamiento voluntario del Parque Nacional Yasuní.
A quienes dicen que no hay alternativas a nivel político-institucional, miremos a Colombia, donde el gobierno anunció en 2022 la suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos y se comprometió a llevar a cabo una transición energética gradual, justa y ordenada. A pesar de las inocultables contradicciones y dificultades, esta decisión abre nuevos horizontes. Desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, elaboramos junto a Censat Agua Viva y otras organizaciones, el documento Disminución planeada de la dependencia fósil en Colombia, con propuestas que nos permitan transitar hacia la desfosilización con justicia ecosocial. O los ‘nuevos progresismos’ avanzan en esta dirección o se parecerán cada vez más a las derechas.
Todo lo anterior se sintoniza con un amplio sentir colectivo de nuestros pueblos y nos desafía a construir una transición energética justa en clave latinoamericana. Porque como insisten acertadamente desde el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, la eliminación gradual de la extracción de combustibles fósiles requiere una cooperación internacional sin precedentes.
El papel de Brasil en este proceso es clave. Por esa razón vemos con enorme preocupación un posible retroceso en el rumbo que propuso inicialmente el gobierno del presidente Lula.
¿Qué transición energética queremos?
La transición energética es incompatible con extraer más petróleo y el desarrollismo es incompatible con una transición energética justa. En los últimos meses el debate sobre la transición energética llegó a las instituciones brasileñas, pero de forma limitada y problemática: como un modelo orientado al mercado, seducido por la posibilidad de exportación de renovables (principalmente con el desarrollo de hidrógeno verde), y un programa de expansión de energía solar y eólica dependiente de inversión privada, cuyas experiencias actuales son marcadas por conflictos territoriales y comunitarios como estamos viendo ahora en el estado de Ceará. Además, la eventualidad de más extracción de petróleo daña la posibilidad de transición, ya que consiste en un modelo de expansión de la matriz energética basado en la diversificación de fuentes energéticas que muchas veces no son sustentables, en lugar de apostar por energías realmente renovables asociadas a la disminución gradual de la dependencia fósil como base para otras estructuras económicas de producción y consumo sustentadas en la justicia social y en relaciones de armonía con la Naturaleza. Es evidente que no se trata simplemente de sustituir los combustibles fósiles por nuevas fuentes de energía, por más sustentables que sean, para intentar mantener la senda del capitalismo depredador en lo social y ambiental.
Brasil tiene un recorrido histórico de violaciones de derechos humanos y de la Naturaleza en sus esfuerzos de generar electricidad. Recordemos el caso de la usina hidroeléctrica de Belo Monte. Tampoco podemos marginar los graves crímenes socioecológicos provocados por la megaminería en Mariana y Brumadinho, para mencionar apenas dos de los casos más destacados.
Un programa de transición energética justa para Brasil debe impulsar el desarrollo de energías renovables de forma democrática, descentralizada y desconcentrada, junto a las comunidades afectadas y bajo una visión mixta de distribución de energía. Como empresa estatal, Petrobras puede cumplir un importante papel en la transición, pero debe hacerlo bajo un compromiso de eliminación gradual de su extracción fósil, profundizando en la práctica el acceso a energía como derecho en vez de mercancía. También se ve necesaria la recuperación de la Eletrobras, órgano responsable para la distribución de electricidad, privatizado en 2022.
Las condiciones actuales impiden avances reales en materia de democracia y transición energética popular y verdaderamente justa, pues aborda el sector de renovables como potencial de crecimiento económico capitalista e involucrado en la sed por minerales estratégicos que profundiza patrones extractivistas en nombre del consumo exagerado de recursos en el Norte Global. Brasil, como el resto de Nuestra América, necesita un programa transversal de transición energética y ecológica que coordine entre diferentes áreas del gobierno y amplie la inversión pública necesaria, incorporando cada vez más a las comunidades del campo y la ciudad en este proceso. De hecho, las nuevas reglas fiscales propuestas por el Ministerio de Hacienda y recientemente aprobadas en el legislativo limitan la capacidad de inversión para esta transición, facilitando, una vez más, la presencia de corporaciones multinacionales en su papel inversionista y extractivista.
Ante esta nueva ofensiva contra los pueblos y la Naturaleza en Brasil, debemos fortalecer la resistencia. Las organizaciones y movimientos sociales brasileños, incluyendo el MST, constantemente criminalizados, deben ser escuchados. Ellos son quienes mejor conocen los debates sobre alimentación, clima, energía y Naturaleza. Tienen no sólo amplio conocimiento, sino también la legitimidad de la práctica vivida, es decir, de muchas experiencias cotidianas que demuestran cómo desde las comunidades y los territorios la transición energética -y ecosocial de forma más amplia- no es una simple promesa de futuro, sino que ya está en marcha.
Aceptémoslo: la única forma de construir una transición energética justa es con los indígenas, campesinos, cuerpos racializados, mujeres, ambientalistas y trabajadores. Desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur nos ponemos al lado de estas luchas y propuestas que buscan construir la transformación ecosocial en Brasil, y, por lo tanto, en contra de toda forma de falsa transición propia del capitalismo verde, que más que resolver la crisis climática, la profundiza.
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